Sánchez diluye las causas del apagón en un alegato contra la energía nuclear y sus dueños «ultrarricos»

En su primera intervención, cercana a la hora y media, Sánchez ha dedicado más de cincuenta minutos a hablar sobre el cero absoluto que provocó el apagón masivo en España y Portugal la semana pasada. Lo ha hecho sin ofrecer ni una sola nueva explicación y sin aclarar las causas tras él. Para esclarecerlas, el Gobierno ha promovido una comisión de investigación interna y ha pedido un informe independiente a Bruselas, que tardará en llegar unos seis meses según el presidente. Mientras, ha pedido que no se saquen conclusiones «precipitadas». Él sigue sin descartar el ciberataque, aunque ha pasado de puntillas por esa posibilidad, a pesar de que no hay ni un solo indicio que acredite esa hipótesis.

Tampoco lo hay según el Ejecutivo, y eso sí lo ha subrayado Sánchez, de que el exceso de energía procedente de las fuentes renovables esté detrás de lo sucedido. «Desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares porque no es así. Quisiera decirles a los ciudadanos para su tranquilidad: a día de hoy no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por falta de nucleares», ha dicho Sánchez, quien ha apostillado: «Vincular esto al debate sobre las nucleares es una gigantesca manipulación».

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A partir de ahí, tras una primera parte de su discurso en un tono buenista, en la que ha destacado el civismo mostrado por los españoles el 28 de abril, con menos siniestros que el lunes anterior pese a circularse sin semáforos, el presidente del Gobierno ha cargado contra la energía nuclear. Según él, «ha demostrado no ser una solución efectiva».

«Las energías nucleares tuvieron que pararse. Las nucleares tampoco contribuyeron a la vuelta del suministro. Hasta las 3:15 [del 29 de abril] el parque nuclear no desactivó sus protocolos de emergencia. No fueron las centrales nucleares, fueron las de ciclo combinado y las hidroeléctricas», ha sentenciado, y ha presumido de que pese a irse la luz a las 12:33 del 28 de abril, el 99,5 por ciento del suministro estaba restablecido a las seis de la mañana del 29 de abril y todos los trenes funcionaban con normalidad a las 16:30 de ese día. También ha lanzado una pulla al líder de Vox, Santiago Abascal, diciendo que con seguridad iba a culpar de todo a la Agenda 2030, a la que este, efectivamente, ha señalado en su réplica. «Este Gobierno apoya las energías limpias porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será», ha apuntalado Sánchez.

El presidente ha remarcado que ninguna empresa energética ha solicitado formalmente que se prorrogue el plazo de cierre de las centrales nucleares, que prevé que cesen todas su actividad en 2035, pero ha querido lanzar un mensaje claro. Para estudiar la reversión y que se prolongue su vida útil, primero deberían acordarlo esas compañías y después cumplir tres condiciones: que se garantice la seguridad de los ciudadanos, la viabilidad económica y la seguridad del suministro eléctrico. Dentro de esa viabilidad económica, Sánchez ha advertido que una hipotética prórroga de la energía nuclear —que ha insistido en que en España no es indispensable— no deberán pagarla los ciudadanos, sino sus propietarios «ultrarricos». Un mensaje que a buen seguro reciben con los brazos abiertos sus socios de Sumar y aliados parlamentarios como ERC, Bildu y Podemos.

Según el presidente, en una comparación que ha levantado murmullos de reprobación en el hemiciclo, es un acto de «cortoplacismo» indignarse por la pérdida de más de 400 millones de euros que provocó el apagón del 28 de abril y no por los 150.000 millones de euros que —ha dicho sin citar ningún estudio— puede costar la emergencia climática en las próximas décadas; y un ejercicio de «cinismo» lamentar las cinco vidas perdidas en España por la falta de luz —sentimiento que ha compartido—, pero no las 8.000 «que causa cada año el cambio climático».

Más allá de su diatriba antinuclear, que según él no es ideológica, sino «científica» —cabe recordar que la Comisión Europea la catalogó como energía verde—, no ha habido novedad en sus palabras sobre el apagón en la península ibérica. Tampoco sobre su plan de defensa y seguridad, relegado a la segunda parte de su discurso, más corta, y en la que se ha limitado a enumerar las cuestiones que ya ha ido anunciando el Gobierno. Así, Sánchez pretende engrosar el gasto militar con otros 10.471 millones de euros, que, según la estimación del Ejecutivo, permitirá cumplir ya este 2025 el compromiso adquirido con la OTAN para invertir al menos el dos por ciento del producto interior bruto (PIB) en estas partidas.

En un complejo contexto internacional, con la invasión de Ucrania por la Rusia de Vladímir Putin, la inestabilidad en el Sahel, el conflicto en Oriente Próximo y «el giro de 180 grados en la política exterior de Estados Unidos», Sánchez ha reivindicado que España y Europa deben adaptarse, «guste o no», a esa nueva realidad. El Plan Industrial y de Tecnología de la Seguridad y la Defensa, aprobado el 22 de abril por el Consejo de Ministros, busca, según Sánchez, garantizar la seguridad de los españoles, consolidar a España como un socio fiable de la OTAN y la Unión Europea, e impulsar la innovación tecnológica.

De los tres compromisos adquiridos por España con la OTAN en 2014, Sánchez ha remarcado que ya se cumplen dos: la participación en misiones de paz y la inversión del veinte por ciento del gasto en defensa en nuevos programas de armamento —España destina ya el treinta por ciento—. Falta destinar el dos por ciento del PIB a la seguridad, pero ahí el presidente ha remarcado que se encontró en 2018 una partida que estaba en el 0,9 por ciento del PIB y que ya ha elevado —una cifra que todavía no ha validado la OTAN— al 1,4 por ciento. Por tanto, en este 2025 quiere incrementarlo 0,6 puntos.

De nuevo, en un guiño a sus socios de izquierdas, reacios a invertir en defensa —Sumar le ha pedido que no se compre ni un arma a Israel y Podemos ha criticado el «rearme»—, Sánchez ha prometido que no va a tocar «un céntimo de euro» ni del gasto social ni del medioambiental ni en ayudas a la cooperación y el desarrollo. De los 10.471 millones de euros, el 35 por ciento se destinará a mejorar las condiciones de las tropas, el 31 por ciento a telecomunicaciones y ciberseguridad, el dieciocho por ciento a mejorar las capacidades de defensa y disuasión, el dieciséis por ciento a la gestión de emergencias y desastres naturales y el tres por ciento al despliegue de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz. Sobra un cinco por ciento que, según explicó el Ejecutivo, corresponde al ajuste de créditos de programas de armamento anteriores.

En la réplica a los grupos, en la que se ha extendido algo más que en su intervención inicial, ha optado de nuevo por abandonar el tono institucional y arremeter contra la oposición, a la que le ha dedicado más de la mitad del tiempo, y ha sacado pecho de su gestión de las distintas crisis frente a los ejemplos del PP en el pasado, desde el Prestige hasta el Yak-42. A Feijóo le ha dicho que los avisos de Red Eléctrica y otros operadores de que una incidencia grave podía pasar no eran más que protocolos habituales y ha ido saltando de un tema a otro hasta aseverar que es un «bochorno» que Carlos Mazón siga siendo el presidente de la Comunidad Valenciana después de la dana. A Abascal, igual de original, le ha acusado de seguir posiciones dictadas por «señores en el extranjero».

Para sorpresa generalizada, Sánchez ha dedicado un cierto reproche también a la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, por advertirle que su partido no consentirá la compra de armas a Israel, tras el polémico contrato anulado que frustró la adquisición de balas para la Guardia Civil. El presidente, visiblemente molesto, ha asegurado a los grupos de izquierda, críticos todos con esta cuestión, que ese fue un «error» subsanado, pero que las informaciones que se están publicando ahora, que apuntan a importaciones millonarias pese al compromiso del Ejecutivo por los bombardeos en Gaza, están tergiversadas, porque se trata de material no ofensivo. Ha sido la nota discordante en un debate parco en explicaciones y donde, de nuevo, PP y Vox han sido atacados por tierra, mar y aire. Tras casi siete horas de comparecencia, los diputados tenían la misma información que antes del inicio. No ha habido más suerte en la sesión de control posterior.